CARTA ABIERTA DE LOS ABOGADOS

Aquí os dejo el artículo firmado por mi que fue publicado en El Mundo el 11 de Noviembre de 2012:


Un cambio necesario contra la decadencia del Colegio de Abogados de Madrid 

Cuando en el curso de la historia una institución democrática no alza su voz ante las vulneraciones de los derechos fundamentales, se puede afirmar, sin duda, que ha comenzado su decadencia y corre peligro de perder su razón de ser.

Si esa institución democrática forma parte de uno de los pilares del Estado de Derecho podemos decir que quien corre peligro es la sociedad en su conjunto, pues ésta se debilita, y todos los ciudadanos particulares resultan indefensos.

Nadie duda de que el Abogado es una figura esencial en la compleja y delicada maquinaria de administrar justicia. Él hace posible la imparcialidad del juzgador y refuerza su posición independiente, sólo sometida a la Constitución y a la Ley.  Y nadie pone en cuestión que el derecho de defensa es una pieza clave de nuestro sistema jurídico en el que la función del Abogado es primordial para que la tutela judicial sea realmente efectiva. Sin ambos elementos, la Justicia, como valor superior del Ordenamiento Jurídico, se presenta, en el mejor de los casos, como un simple desideratum, cuando no una caricatura esperpéntica de un sistema judicial sin fundamentos.

Sin embargo, todos los abogados y juristas hemos asistido, hace no demasiados meses, al bochornoso espectáculo de ver a un Colegio de Abogados de Madrid mudo ante quienes vulneraban ese derecho. Más aún, le hemos visto dando la espalda a los compañeros de profesión que habían sufrido personalmente la vulneración de ese derecho, a pesar de tener un mandato de la Junta de Gobierno para la presentación de una querella por estos hechos. Los sucesos son bien conocidos. Cuatro abogados fueron escuchados cuando se comunicaban con sus clientes en un centro penitenciario. Los letrados, en colaboración con su Colegio, consiguieron anular las escuchas y la declaración de su ilicitud. A continuación, y aquí vino la gran omisión, los letrados acudieron al Tribunal Supremo para exigir la correspondiente responsabilidad penal al Magistrado responsable de las ilicitas escuchas. Fue en ese histórico procedimiento donde se ventilo la responsibilidad por atentar contra el derecho de defensa de una manera tan flagrante. 

De manera incomprensible, lo que fue una inicial decisión correcta y loable por parte de la Junta de Gobierno de presentar una querella contra el juez Garzon por sus escuchas ilegales en el caso Gurtel, se transformó en una omisión consciente. Finalmente tuvo que ser un Abogado, Ignacio Pelaez, a título particular, y los demás a continuación, Gonzalo Rodriguez Mourullo, Pablo Rodriguez Mourullo y José Antonio Choclán, quienes sostuvieran y defendieran en sede judicial lo que debería haber hecho en primer termino el Colegio. El resultado, como no podía ser de otra manera, fue la unanimidad de los miembros de la Sala II de Tribunal Supremo condenando la vulneración de ese derecho por parte del magistrado Sr. Garzón, que autorizó unas grabaciones entre defensores y defendidos,  y que resulto expulsado de su profesión.

La decisión del Supremo nos llenó de tranquilidad a todos los ciudadanos que vimos así garantizado un derecho fundamental. Pero, a todos los abogados y juristas nos entristeció que el Colegio de Abogados de Madrid, ni quisiera, ni supiera defender hasta el final y con todas las consecuencias algo que es esencial para nuestra profesión, y que es la propia razón de ser de la misma institución. Ha quedado para la Historia que, en el caso más importante sobre el derecho de defensa que se recuerda, el Colegio de Abogados de Madrid no estuvo presente amparando y respaldando a sus colegiados y defendiendo hasta el final uno de los pilares del Estado de Derecho.

Este lamentable episodio cobra una nueva importancia ante la cercanía de las próximas elecciones a las que vuelve a presentarse básicamente la misma Junta de Gobierno. Los firmantes de este artículo pedimos a los abogados madrileños que reflexionen sobre la trascendencia de aquellos acontecimientos. Creemos que este es un tema esencial para los Abogados y, en consecuencia, también pedimos que voten por un cambio que impida un deterioro mayor de la posición institucional del Colegio y de la protección a la Profesión a la que se debe.

Es necesario reivindicar que la propia razón de ser de un Colegio de Abogados fundamentalmente reside en la protección, no solo del estatuto del abogado, sino de los principios que la inspiran. Si cuando es más necesaria esa defensa, por la magnitud de la vulneración cometida o por quien la comete, un abogado se encuentra solo y los principios son sacrificados en aras de la oportunidad política o de no sabemos qué otros juegos de equilibrio, la propia institución del Colegio queda reducida a poco más que a una mutualidad de servicios para profesionales.

Ha llegado el momento de reforzar nuestro oficio como actor esencial del sistema judicial, y esto pasa por un renovado impulso al que se sumen la inmensa mayoría de quienes visten la toga como símbolo de esta noble profesión. El trabajo es grande y apremiante; retrasarlo contribuirá a defraudar no sólo los legítimos intereses de la profesión, sino también, y más grave, la preocupación creciente del pueblo español, por una Justicia ágil, efectiva y cierta. A los problemas que arrastramos de ayer se suman otros nuevos hoy, como el de las nuevas tasas judiciales.

Es un signo de optimismo la concurrencia de varias candidaturas a estas elecciones. La mayoría han surgido al calor de los problemas candentes de la actualidad como el servicio médico o el turno de oficio. Todos estos problemas son importantes y de urgente solución. Pero hace falta un nuevo liderazgo, abierto y dinámico, con visión amplia de los desafios de esta vieja y noble profesión; alguien que no sólo gestione los servicios del Colegio sino que lo transforme en el importante activo para todos los abogados y el conjunto de la sociedad civil  que puede y debe ser.

La abogacía del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos que hay que afrontar y a nuevas oportunidades ante las que hay que salir al encuentro. Por ello y a la luz de la oferta electoral que concurre en los comicios profesionales mas importantes que se celebran en España desde los tiempos de la Transición, los abajo firmantes pensamos que la mejor opción para la abogacía de Madrid y para España es la que encabezan Javier Cremades y Gaspar Ariño.

Coincidimos con Cremades y Ariño en que “España necesita una nueva Abogacía que se comprometa  en los distintos debates sociales que definen  el futuro de nuestro país y, de esta forma, siga liderando con una eficacia reforzada la defensa de los intereses de los ciudadanos. En medio del desierto de la crisis económica y política que parece atenazarnos, el reto de hacer posible una nueva Abogacía es un desafío que demuestra el potencial de las energías cívicas de la sociedad española”. Ambos abogados, de distinta generación, trayectoria y experiencia, han demostrado capacidad de crear y transformar organizaciones y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Asi lo pensamos y por eso queremos expresar nuestro apoyo públicamente.

No podemos dejar que el Colegio fluya tranquilamente a la deriva que sólo tiene como término la decadencia. Pensamos que las próximas elecciones del día 18 son una ocasión histórica para revitalizar el Colegio y recuperar la dignidad en la defensa del abogado y el espíritu de iniciativa, siempre abierto a los nuevos cambios.

 

Candido Conde-Pumpido Varela
Álvaro Rodriguez Bereijo
Rafael Mendizábal
Javier Sáenz de Cosculluela
Ramón Pelayo
Antonio Serrano Alberca
Juan Gómez-Acebo
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